jueves, 26 de marzo de 2009

SOBERANIA Y SEGURIDAD

Por: Raymundo Royo

Una de las principales medidas adoptadas desde el inicio del gobierno que encabeza el señor Felipe Calderón fue el denominado “combate a la delincuencia”, que principalmente se ha centrado en un ataque a todo lo que representa o está vinculado con la actividad del narcotráfico que se relaciona con lo que jurídicamente se conoce como “delincuencia organizada”.

En lo que va del gobierno del señor Calderón, el resultado de esas acciones de “combate a la delincuencia” ha sido la muerte de casi diez mil personas entre presuntos delincuentes, policías, militares y demás personas inocentes de toda esa actividad, y ante lo grotesco y triste de ese resultado, la delincuencia organizada sigue operando en territorio nacional y pareciera seguir posesionándose cada vez más a lo largo del territorio nacional.

Luego, ante los resultados que se están teniendo, el gobierno de Estados Unidos ha pretendido que el crecimiento de la delincuencia en México es un asunto de seguridad nacional para ese país y con ese pretexto, y basados en acuerdos que ponen en estado de vulnerabilidad a la soberanía nacional, cada vez se están posesionando en territorio nacional con sus diferentes grupos policíacos y militares, y todo ante la mirada lejana del señor Calderón.

Ante todo ese panorama, vale la pena preguntarse cuál es el principal interés en combatir a la denominada “delincuencia organizada”, máxime que pareciera que el combate por parte de gobierno se centra en las actividades de narcotráfico relacionado con la ilegal exportación de ese tipo de productos principalmente al vecino país del Norte.

Al respecto, vale la pena recordar que el mercado norteamericano de consumo de drogas es el más grande del mundo; es decir, existe una altísima demanda de ese tipo de sustancias derivadas del narco, que van desde la planta conocida como mariguana hasta los derivados químicos de la cocaína. Ante la demanda tan atractiva de ese enorme mercado, se sabe que han surgido “empresas” encargadas de producir y comercializar tales productos, las cuales se tiene conocimiento de que se encuentran principalmente en países como México y algunos de Sudamérica como es el caso de Colombia, esto en virtud de que en esas latitudes es posible que se obtengan las materias primas para tales producciones.

El mercado mexicano de consumo de drogas, afortunadamente se sabe que se encuentra en niveles mucho menores que los existentes en Estados Unidos, y también se sabe que debido al bajo poder adquisitivo la demanda de éste tipo de productos se centra en algunos que no alcanzan a ser tan dañinos en comparación con diversas drogas sintéticas.

Por otro lado, según datos muy conservadores de diversos analistas, los ingresos percibidos por los cárteles mexicanos por venta de drogas a Estados Unidos se dice que alcanzan poco más de 30 mil millones de dólares anuales; ese dinero llega a territorio mexicano de manera clandestina y resulta lógico suponer que una importante parte se va diluyendo a través de diversos pagos efectuados por éstos grupos por concepto de sueldos, compra de materias primas, dádivas, protección, etcétera. Para ello, se tiene la idea de que deben existir diversos grupos empresariales encargados de hacer un “lavado” de ese dinero. Desde un punto de vista totalmente frío, podría decirse que la economía interna se ve favorecida con la derrama de recursos que puede representar ese nivel de ingresos, ya que es de suponer que una gran parte de ese dinero no sale de territorio nacional, y por ende representa gastos efectuados dentro del mercado interno. Por otro lado, para Estados Unidos representa una salida de dinero que indudablemente afecta las finanzas internas de esa nación, y en una época de crisis como la que vive actualmente ese país, es de suponer que no les agrade nada que esos montos tan altos se escapen del territorio norteamericano en tales condiciones.

Ante todo ello, resulta fácil suponer que las actividades de combate a la actividad del narcotráfico en México sirvan de beneficio principalmente para Estados Unidos; sin embargo, para que verdaderamente pueda tenerse una efectividad sería de suponer que el vecino país del Norte estaría instrumentando medidas de combate al consumo de estupefacientes, y precisamente eso no se ha observado claramente… ¿entonces si ese país no parece tener grandes medidas de combate al consumo de drogas entre su población, por qué parece que están tan interesados en fomentar las actividades de “combate a la delincuencia” instrumentadas por el gobierno que encabeza el señor Calderón?, ya que por causa de la Ley de la oferta y la demanda, mientras exista una gran demanda de algún producto siempre existirá una gran oferta… eso puede llevar a suponer muchas cosas, pero, cualquiera de ellas implica el riesgo de un incremento a los niveles de inseguridad en territorio nacional y una pérdida cada vez mayor de la soberanía nacional.

Saludos.

viernes, 6 de marzo de 2009

GRAVE ERROR LA DESAPARICION DEL IMPUESTO A LA TENENCIA

Por: Raymundo Royo

De cara a la crisis económica que afecta a México, y en la antesala de las elecciones federales, legisladores con simple visión política de corto tramo han propuesto como una medida de “apoyo” a la población la abrogación del Impuesto a la Tenencia.

Indudablemente que en materia tributaria existe una carga fiscal que pesa muy fuerte sobre el sector medio de la población, y por ello la propuesta de desaparición de un impuesto que se supone fue creado para financiar las olimpiadas del año 1968 resulta muy bien recibida por un gran sector de la población, sobretodo de aquellos que cuentan con un vehículo; sin embargo, quienes proponen tal medida simplemente no conocen la historia tributaria del país o piensan que los gobiernos están integrados por lindas personitas que siempre mirarán por el bienestar de la población deseosa de ser gobernada por personas honestas y de intachable reputación. La realidad es más fuerte y más clara que esas electoreras propuestas.

Lo anterior puede entenderse mejor cuando se piensa en el hecho de que los gobiernos existen y se desarrollan a través de lo que se conoce como el presupuesto público; y de acuerdo a las tendencias de los gobiernos neoliberales, el presupuesto público debe estar financiado por los ingresos provenientes de las contribuciones de la población. Por lo tanto, si para ejercer ese presupuesto público se requiere de tener ingresos, y el impuesto sobre tenencia representa para esos gobiernos un ingreso, entonces resulta lógico para la historia de éste país suponer que al momento en que se desaparezca ese impuesto los gobiernos tratarán de continuar obteniendo los ingresos que por ese lado se les están quitando.

Al respecto, podríamos preguntarnos si no sería más adecuado que los gobiernos hicieran más eficiente el gasto público, tratando de aplicarlo más en la realización de obras necesarias para el bien común y menos en el rubro del denominado “gasto corriente” (que es el gasto que se ejerce a favor de los trabajadores del Estado como por ejemplo sueldos, prestaciones, etcétera). Sí, eso sería lo conveniente y deseable, pero, la historia nos enseña que al momento en que los gobiernos tengan menos ingresos, buscarán ejercer presión a efecto de que se haga la creación de un nuevo impuesto, lo que a la larga puede resultar realmente contraproducente ya que si actualmente el impuesto sobre tenencia sólo afecta a los poseedores de vehículos de transporte, un nuevo impuesto puede convertirse en una mayor carga tributaria para el grueso de la población, con el consiguiente pretexto para imponer mayores controles a una empobrecida y controlada población.

Si la desaparición del impuesto sobre tenencia estuviera condicionada a que no se creara un nuevo impuesto, y a que se estimulara a una utilización más justa y eficiente del gasto público por parte de los gobiernos, entonces eso sería algo deseable; y si ante tales condiciones, los gobiernos expresaran su necesidad de mayores ingresos, entonces sería el momento de encausar las condiciones del actual sistema fiscal a efecto de disminuir los grandes beneficios y estímulos fiscales de las grandes corporaciones y que ya empiecen a pagar impuestos tal como sucede en muchos otros países.

Ya es el momento de terminar con las medidas electoreras de corto plazo que a la larga se convierten en problemas de largo plazo para la población; los políticos que buscan proponer ese tipo de medidas sólo para alcanzar un lugar en el Congreso, ellos sí solucionan su problema personal, pero, se supone que las decisiones deben ser por el bien de la población, así que eso es lo menos que puede esperarse de ese tipo de medidas.

Saludos.

EL CUENTO DE SIEMPRE: FUGA DE INVERSIONISTAS

Por: Raymundo Royo

Recientemente, el Gobierno de Estados Unidos anunció la aplicación de diversas medidas tendientes a mejorar la situación económica que vive esa nación; dentro de esas medidas, se encuentra la estatización del Grupo Financiero CityBank.

En México, esa medida ha causado preocupación dentro del ámbito financiero ya que como es ampliamente conocido el grupo financiero Banamex actualmente forma parte del grupo CityBank, lo que técnicamente pone a Banamex (Banco Nacional de México) como una institución de banca múltiple bajo el control del gobierno de Estados Unidos.

Por su parte, el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley de Instituciones de crédito establece en su parte respectiva lo siguiente:

“Artículo 13. (segundo párrafo) No podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad.”

Como puede observarse con toda claridad en el texto de la norma legal citada, de ninguna manera pueden participar en el capital social de las instituciones de banca múltiple las personas morales que ejerzan funciones de autoridad (gobiernos); si la institución que se encuentre en tal supuesto sigue operando, simplemente sus actos serán ilegales y no podrán tener consecuencias legales, independientemente de las responsabilidades administrativas y penales que pudieran existir en tal situación.

Legalmente, en tal situación como la que se viene comentando, lo que conforme al dispositivo legal que se viene citando tendría que hacerse, es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revoque el registro de institución de banca múltiple, y con ello se proceda a la liquidación de dicha sociedad.

Indudablemente que tal situación resulta importante y muy trascendente para la vida financiera del país, pero, debe tomarse en cuenta que no se está ante una situación de “fraude” o algo semejante, sino que se está ante una situación de imposibilidad legal para que la institución bancaria pueda funcionar; por lo tanto, puede pensarse en una reestructuración legal de la institución que implique la creación de una nueva institución bancaria.

Al ver ese tipo de operaciones, no puede alejarse de la memoria que en los inicios del triste sexenio anterior, el grupo CityBank realizó la adquisición y control del grupo Banamex sin que ello fuera considerado por el Servicio de Administración Tributaria (quien tenía al frente al señor Gil, quien antes de ese cargo era director de una de las divisiones de ese grupo bancario) como una “venta”, y con ello se dio a conocer que se dejaron de pagar “legalmente” (se aprovecharon beneficios relacionados con la adquisición de acciones que cotizan en la bolsa de valores) alrededor de tres mil quinientos millones de pesos; en éste momento, ante las condiciones legales en que se encuentra ese grupo bancario, es posible que deba reestructurarse y ello podría implicar llevar a cabo operaciones de venta de las acciones del grupo, la pregunta es ¿si de esas operaciones de venta surgirá el pago de algún impuesto o encontrarán algún “beneficio” fiscal que les permita dejar de cubrir alguna tributación?... al menos, ya no se encuentra al frente del SAT el señor Gil.

Ante la situación que se viene expresando, funcionarios privados y públicos relacionados con éste asunto han informado que se encuentran haciendo un “estudio” a efecto de “interpretar” cuál es la situación legal de esa institución de banca múltiple con la adquisición de las acciones del grupo CityBank por parte del gobierno de Estados Unidos; al respecto, resulta CANSADO y realmente OCIOSO escuchar las típicas declaraciones de algunos de esos funcionarios que se han vertido en el sentido de expresar que el gobierno debe abstenerse de hacer alguna acción que perjudique la existencia de la institución bancaria alegando que eso daría “malas señales” a los “inversionistas”, y ya encaminados en sus declaraciones se han atrevido a exponer que eso sería algo muy malo para el futuro del país. Las preguntas ante tales arcaicas y desgastadas declaraciones, serían las siguientes: ¿A qué “inversionistas” se refieren?, ¿por qué considerarían esos “inversionistas” que la aplicación de la Ley puede ser una “mala señal”?... ¿No serían realmente “malas señales” tantos casos de corrupción, fobaproas y otros semejantes, y se supone que esos “inversionistas” han seguido invirtiendo en el país?.

Lo que se pretende resaltar en ésta nota por supuesto que no es sugerir la debacle de un importante grupo bancario como Banamex, sino que las soluciones que se brinden se apoyen en la Ley sin que tengan que negociarse en lo “obscurito” como tantas veces se han tomado decisiones que posteriormente se han convertido en verdaderas cargas y dificultades que al final repercuten en el futuro de la nación; por lo tanto, ya resulta totalmente asqueroso escuchar como pretexto el gastado argumento de que se puedan “ahuyentar” a efecto de conseguir soluciones que beneficien a unos cuantos a costa no sólo de muchos sino del propio sistema legal mexicano tan golpeado por tantas décadas.

Saludos.