SOBERANIA Y SEGURIDAD

Por: Raymundo Royo

Una de las principales medidas adoptadas desde el inicio del gobierno que encabeza el señor Felipe Calderón fue el denominado “combate a la delincuencia”, que principalmente se ha centrado en un ataque a todo lo que representa o está vinculado con la actividad del narcotráfico que se relaciona con lo que jurídicamente se conoce como “delincuencia organizada”.

En lo que va del gobierno del señor Calderón, el resultado de esas acciones de “combate a la delincuencia” ha sido la muerte de casi diez mil personas entre presuntos delincuentes, policías, militares y demás personas inocentes de toda esa actividad, y ante lo grotesco y triste de ese resultado, la delincuencia organizada sigue operando en territorio nacional y pareciera seguir posesionándose cada vez más a lo largo del territorio nacional.

Luego, ante los resultados que se están teniendo, el gobierno de Estados Unidos ha pretendido que el crecimiento de la delincuencia en México es un asunto de seguridad nacional para ese país y con ese pretexto, y basados en acuerdos que ponen en estado de vulnerabilidad a la soberanía nacional, cada vez se están posesionando en territorio nacional con sus diferentes grupos policíacos y militares, y todo ante la mirada lejana del señor Calderón.

Ante todo ese panorama, vale la pena preguntarse cuál es el principal interés en combatir a la denominada “delincuencia organizada”, máxime que pareciera que el combate por parte de gobierno se centra en las actividades de narcotráfico relacionado con la ilegal exportación de ese tipo de productos principalmente al vecino país del Norte.

Al respecto, vale la pena recordar que el mercado norteamericano de consumo de drogas es el más grande del mundo; es decir, existe una altísima demanda de ese tipo de sustancias derivadas del narco, que van desde la planta conocida como mariguana hasta los derivados químicos de la cocaína. Ante la demanda tan atractiva de ese enorme mercado, se sabe que han surgido “empresas” encargadas de producir y comercializar tales productos, las cuales se tiene conocimiento de que se encuentran principalmente en países como México y algunos de Sudamérica como es el caso de Colombia, esto en virtud de que en esas latitudes es posible que se obtengan las materias primas para tales producciones.

El mercado mexicano de consumo de drogas, afortunadamente se sabe que se encuentra en niveles mucho menores que los existentes en Estados Unidos, y también se sabe que debido al bajo poder adquisitivo la demanda de éste tipo de productos se centra en algunos que no alcanzan a ser tan dañinos en comparación con diversas drogas sintéticas.

Por otro lado, según datos muy conservadores de diversos analistas, los ingresos percibidos por los cárteles mexicanos por venta de drogas a Estados Unidos se dice que alcanzan poco más de 30 mil millones de dólares anuales; ese dinero llega a territorio mexicano de manera clandestina y resulta lógico suponer que una importante parte se va diluyendo a través de diversos pagos efectuados por éstos grupos por concepto de sueldos, compra de materias primas, dádivas, protección, etcétera. Para ello, se tiene la idea de que deben existir diversos grupos empresariales encargados de hacer un “lavado” de ese dinero. Desde un punto de vista totalmente frío, podría decirse que la economía interna se ve favorecida con la derrama de recursos que puede representar ese nivel de ingresos, ya que es de suponer que una gran parte de ese dinero no sale de territorio nacional, y por ende representa gastos efectuados dentro del mercado interno. Por otro lado, para Estados Unidos representa una salida de dinero que indudablemente afecta las finanzas internas de esa nación, y en una época de crisis como la que vive actualmente ese país, es de suponer que no les agrade nada que esos montos tan altos se escapen del territorio norteamericano en tales condiciones.

Ante todo ello, resulta fácil suponer que las actividades de combate a la actividad del narcotráfico en México sirvan de beneficio principalmente para Estados Unidos; sin embargo, para que verdaderamente pueda tenerse una efectividad sería de suponer que el vecino país del Norte estaría instrumentando medidas de combate al consumo de estupefacientes, y precisamente eso no se ha observado claramente… ¿entonces si ese país no parece tener grandes medidas de combate al consumo de drogas entre su población, por qué parece que están tan interesados en fomentar las actividades de “combate a la delincuencia” instrumentadas por el gobierno que encabeza el señor Calderón?, ya que por causa de la Ley de la oferta y la demanda, mientras exista una gran demanda de algún producto siempre existirá una gran oferta… eso puede llevar a suponer muchas cosas, pero, cualquiera de ellas implica el riesgo de un incremento a los niveles de inseguridad en territorio nacional y una pérdida cada vez mayor de la soberanía nacional.

Saludos.

GRAVE ERROR LA DESAPARICION DEL IMPUESTO A LA TENENCIA

Por: Raymundo Royo

De cara a la crisis económica que afecta a México, y en la antesala de las elecciones federales, legisladores con simple visión política de corto tramo han propuesto como una medida de “apoyo” a la población la abrogación del Impuesto a la Tenencia.

Indudablemente que en materia tributaria existe una carga fiscal que pesa muy fuerte sobre el sector medio de la población, y por ello la propuesta de desaparición de un impuesto que se supone fue creado para financiar las olimpiadas del año 1968 resulta muy bien recibida por un gran sector de la población, sobretodo de aquellos que cuentan con un vehículo; sin embargo, quienes proponen tal medida simplemente no conocen la historia tributaria del país o piensan que los gobiernos están integrados por lindas personitas que siempre mirarán por el bienestar de la población deseosa de ser gobernada por personas honestas y de intachable reputación. La realidad es más fuerte y más clara que esas electoreras propuestas.

Lo anterior puede entenderse mejor cuando se piensa en el hecho de que los gobiernos existen y se desarrollan a través de lo que se conoce como el presupuesto público; y de acuerdo a las tendencias de los gobiernos neoliberales, el presupuesto público debe estar financiado por los ingresos provenientes de las contribuciones de la población. Por lo tanto, si para ejercer ese presupuesto público se requiere de tener ingresos, y el impuesto sobre tenencia representa para esos gobiernos un ingreso, entonces resulta lógico para la historia de éste país suponer que al momento en que se desaparezca ese impuesto los gobiernos tratarán de continuar obteniendo los ingresos que por ese lado se les están quitando.

Al respecto, podríamos preguntarnos si no sería más adecuado que los gobiernos hicieran más eficiente el gasto público, tratando de aplicarlo más en la realización de obras necesarias para el bien común y menos en el rubro del denominado “gasto corriente” (que es el gasto que se ejerce a favor de los trabajadores del Estado como por ejemplo sueldos, prestaciones, etcétera). Sí, eso sería lo conveniente y deseable, pero, la historia nos enseña que al momento en que los gobiernos tengan menos ingresos, buscarán ejercer presión a efecto de que se haga la creación de un nuevo impuesto, lo que a la larga puede resultar realmente contraproducente ya que si actualmente el impuesto sobre tenencia sólo afecta a los poseedores de vehículos de transporte, un nuevo impuesto puede convertirse en una mayor carga tributaria para el grueso de la población, con el consiguiente pretexto para imponer mayores controles a una empobrecida y controlada población.

Si la desaparición del impuesto sobre tenencia estuviera condicionada a que no se creara un nuevo impuesto, y a que se estimulara a una utilización más justa y eficiente del gasto público por parte de los gobiernos, entonces eso sería algo deseable; y si ante tales condiciones, los gobiernos expresaran su necesidad de mayores ingresos, entonces sería el momento de encausar las condiciones del actual sistema fiscal a efecto de disminuir los grandes beneficios y estímulos fiscales de las grandes corporaciones y que ya empiecen a pagar impuestos tal como sucede en muchos otros países.

Ya es el momento de terminar con las medidas electoreras de corto plazo que a la larga se convierten en problemas de largo plazo para la población; los políticos que buscan proponer ese tipo de medidas sólo para alcanzar un lugar en el Congreso, ellos sí solucionan su problema personal, pero, se supone que las decisiones deben ser por el bien de la población, así que eso es lo menos que puede esperarse de ese tipo de medidas.

Saludos.

EL CUENTO DE SIEMPRE: FUGA DE INVERSIONISTAS

Por: Raymundo Royo

Recientemente, el Gobierno de Estados Unidos anunció la aplicación de diversas medidas tendientes a mejorar la situación económica que vive esa nación; dentro de esas medidas, se encuentra la estatización del Grupo Financiero CityBank.

En México, esa medida ha causado preocupación dentro del ámbito financiero ya que como es ampliamente conocido el grupo financiero Banamex actualmente forma parte del grupo CityBank, lo que técnicamente pone a Banamex (Banco Nacional de México) como una institución de banca múltiple bajo el control del gobierno de Estados Unidos.

Por su parte, el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley de Instituciones de crédito establece en su parte respectiva lo siguiente:

“Artículo 13. (segundo párrafo) No podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad.”

Como puede observarse con toda claridad en el texto de la norma legal citada, de ninguna manera pueden participar en el capital social de las instituciones de banca múltiple las personas morales que ejerzan funciones de autoridad (gobiernos); si la institución que se encuentre en tal supuesto sigue operando, simplemente sus actos serán ilegales y no podrán tener consecuencias legales, independientemente de las responsabilidades administrativas y penales que pudieran existir en tal situación.

Legalmente, en tal situación como la que se viene comentando, lo que conforme al dispositivo legal que se viene citando tendría que hacerse, es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revoque el registro de institución de banca múltiple, y con ello se proceda a la liquidación de dicha sociedad.

Indudablemente que tal situación resulta importante y muy trascendente para la vida financiera del país, pero, debe tomarse en cuenta que no se está ante una situación de “fraude” o algo semejante, sino que se está ante una situación de imposibilidad legal para que la institución bancaria pueda funcionar; por lo tanto, puede pensarse en una reestructuración legal de la institución que implique la creación de una nueva institución bancaria.

Al ver ese tipo de operaciones, no puede alejarse de la memoria que en los inicios del triste sexenio anterior, el grupo CityBank realizó la adquisición y control del grupo Banamex sin que ello fuera considerado por el Servicio de Administración Tributaria (quien tenía al frente al señor Gil, quien antes de ese cargo era director de una de las divisiones de ese grupo bancario) como una “venta”, y con ello se dio a conocer que se dejaron de pagar “legalmente” (se aprovecharon beneficios relacionados con la adquisición de acciones que cotizan en la bolsa de valores) alrededor de tres mil quinientos millones de pesos; en éste momento, ante las condiciones legales en que se encuentra ese grupo bancario, es posible que deba reestructurarse y ello podría implicar llevar a cabo operaciones de venta de las acciones del grupo, la pregunta es ¿si de esas operaciones de venta surgirá el pago de algún impuesto o encontrarán algún “beneficio” fiscal que les permita dejar de cubrir alguna tributación?... al menos, ya no se encuentra al frente del SAT el señor Gil.

Ante la situación que se viene expresando, funcionarios privados y públicos relacionados con éste asunto han informado que se encuentran haciendo un “estudio” a efecto de “interpretar” cuál es la situación legal de esa institución de banca múltiple con la adquisición de las acciones del grupo CityBank por parte del gobierno de Estados Unidos; al respecto, resulta CANSADO y realmente OCIOSO escuchar las típicas declaraciones de algunos de esos funcionarios que se han vertido en el sentido de expresar que el gobierno debe abstenerse de hacer alguna acción que perjudique la existencia de la institución bancaria alegando que eso daría “malas señales” a los “inversionistas”, y ya encaminados en sus declaraciones se han atrevido a exponer que eso sería algo muy malo para el futuro del país. Las preguntas ante tales arcaicas y desgastadas declaraciones, serían las siguientes: ¿A qué “inversionistas” se refieren?, ¿por qué considerarían esos “inversionistas” que la aplicación de la Ley puede ser una “mala señal”?... ¿No serían realmente “malas señales” tantos casos de corrupción, fobaproas y otros semejantes, y se supone que esos “inversionistas” han seguido invirtiendo en el país?.

Lo que se pretende resaltar en ésta nota por supuesto que no es sugerir la debacle de un importante grupo bancario como Banamex, sino que las soluciones que se brinden se apoyen en la Ley sin que tengan que negociarse en lo “obscurito” como tantas veces se han tomado decisiones que posteriormente se han convertido en verdaderas cargas y dificultades que al final repercuten en el futuro de la nación; por lo tanto, ya resulta totalmente asqueroso escuchar como pretexto el gastado argumento de que se puedan “ahuyentar” a efecto de conseguir soluciones que beneficien a unos cuantos a costa no sólo de muchos sino del propio sistema legal mexicano tan golpeado por tantas décadas.

Saludos.

FUNDAMENTOS DE LA PLANEACION FISCAL

Por: Raymundo Royo

Establece la fracción IV del artículo 31 Constitucional:

"ARTICULO 31. SON OBLIGACIONES DE LOS MEXICANOS:

IV. CONTRIBUIR PARA LOS GASTOS PUBLICOS, ASI DE LA FEDERACION, COMO DEL DISTRITO FEDERAL O DEL ESTADO Y MUNICIPIO EN QUE RESIDAN, DE LA MANERA PROPORCIONAL Y EQUITATIVA QUE DISPONGAN LAS LEYES. "

De la norma Constitucional trascrita se desprenden las siguientes garantías:

1.- Para el cumplimiento de toda contribución se aplicarán las disposiciones legales (Garantía de Aplicación de las leyes - Legalidad);

2.- Para el cumplimiento de toda contribución se atenderá a la capacidad contributiva de cada individuo (garantía de proporcionalidad); y,

3.- Se dará igual trato a los semejantes dentro del ámbito de la norma legal (garantía de equidad).

Cabe decir que de la norma Constitucional descrita se desprende otra garantía:

- Toda contribución deberá tener como finalidad el gasto público.

Como puede observarse, en materia tributaria todo gobernado tiene el derecho Constitucional de acceder a las garantías de Proporcionalidad y Equidad en un ámbito de Legalidad.

Por otro lado, la Planeación Fiscal implica las acciones u omisiones que dentro del ámbito de la legalidad y de manera proporcional y equitativa podrá aplicar el gobernado para cumplir con su obligación Constitucional de contribuir a los gastos públicos así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado o Municipio donde se resida.

Como puede observarse, el concepto de Planeación Fiscal implica el correcto cumplimiento de la obligación Constitucional de contribuir a los gastos públicos.

Al efectuar un esquema de Planeación Fiscal, el gobernado puede acceder a todas las opciones que se encuentren establecidas en las disposiciones del Derecho Positivo, conforme al principio de derecho que establece que los individuos podrán hacer todo aquello que no está expresamente prohibido; y de conformidad a la norma Constitucional que se viene comentando, conviene considerar que para el correcto cumplimiento de la obligación Constitucional contributiva, toda acción u omisión que se lleve a cabo debe estar debidamente fundada en las disposiciones legales debidamente aprobadas por el Congreso de la Unión y promulgadas por el Ejecutivo.

En otras palabras, la Planeación Fiscal encuentra su fundamento básico en la aplicación de todas las disposiciones legales del Derecho Positivo que permitan al gobernado contribuir a los gastos públicos atendiendo a su capacidad contributiva (proporcionalidad) y a un trato de igualdad respecto de otros gobernados en similares situaciones jurídicas (equidad).

En su aplicación práctica, la Planeación Fiscal ha sido malentendida, ya que tanto diversos contribuyentes como diversas autoridades han sentido que la Planeación Fiscal implica el pago de un monto "menor" de contribuciones, lo que es un error como puede observarse, ya que la Planeación Fiscal implica simplemente el correcto cumplimiento del pago contributivo, lo que se traduce en no pagar ni menos ni más, sino simplemente lo justo en base a las disposiciones legales.

El mal entendimiento de la Planeación Fiscal ha llevado a que en diversos foros o artículos sobre el tema se establezcan sendos estudios sobre temas como "evasión", "elusión" o defraudación fiscal con el propósito de hacer entender que en la aplicación de la Planeación Fiscal no debe simularse, sino que toda acción u omisión debe estar basada en situaciones reales; lo anterior es correcto, pero, si se entiende el concepto que se ha venido vertiendo sobre la Planeación Fiscal podrá observarse que hemos hecho énfasis sobre la aplicación de las disposiciones legales en las estructuras de acción u omisión que sustenten las estrategias de Planeación Fiscal, por lo que no puede pretender sustentarse una estrategia legal sobre hechos inexistentes o inventados ya que ello simplemente se traduce en un delito de defraudación fiscal o sus equiparables y por consecuencia eso simplemente no será Planeación Fiscal.

Para efectuar una correcta Planeación Fiscal, el gobernado cuenta con diversas herramientas, tales como las propias disposiciones legales que deben observarse de una manera integral para la adopción de alguna correcta estrategia, artículos, libros y revistas de consulta sobre temas fiscales y jurídicos en general, principios de derecho, métodos de interpretación jurídica, estrategias de consulta a las autoridades y medios de defensa jurídica entre muchas otras herramientas necesarias.

(En éste pequeño espacio va un sincero agradecimiento a la memoria de un verdadero Maestro sobre la Planeación Fiscal, Don Carlos Orozco Felgueres, cuyos conceptos sobre éste tipo de temas siempre se quedarán como pequeños ecos en la mente de quienes desean recordarlos por siempre).

(Asímismo, es inevitable para el Autor de ésta pequeña nota un especial y público agradecimiento por las enseñanzas del Maestro Hermilo Dávila, que han servido para comprender la necesidad del siempre correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales dentro del ámbito de las garantías Constitucionales contenidas en la fracción IV del artículo 31 de la Carta Magna).

LA BUROCRACIA MONOPOLICA

Recientemente el señor Epigmenio (Don Epi) acudió a Teléfonos de México con el objeto de hacer un trámite de cambio de domicilio de su línea telefónica.

Al llegar, Don Epi se encontró con una empresa llena de carteles que hablan de la modernidad y del gran avance tecnológico de la empresa telefónica; también, Don Epi se pudo percatar de una ambientación que parece recordar muy someramente los escenarios propios de la "Guerra de las Galaxias"... en fin, él sólo quería hacer un pequeño trámite con motivo de su cambio de domicilio, así que le preguntó a un policía de seguridad a qué parte de esas instalaciones debía dirigirse para efectuar su trámite. El guardia, después de mirar a Don Epi de arriba a abajo y con una expresión de molestia, le dijo que caminara a un pasillo que decía "contrataciones".

En el área de contrataciones, Don Epi tomó un turno que estaba en la entrada, se percató que habían varios módulos de atención aunque sólo dos estaban activos, y se sentó a esperar que una maquinita instalada en una parte alta marcara su número y el módulo al que debía pasar... después de unos quince minutos, al fin salió su turno que le decía que pasara al módulo cinco, en el módulo cinco se estaba sentando otra persona y Don Epi hizo mención de que a él le correspondía el turno... el señor que se estaba metiendo en el turno, le dijo a Don Epi que él tenía el turno anterior, pero, en el otro módulo donde le correspondía la señorita se había "equivocado" y había pasado a otra persona... total que la señorita del módulo cinco le dijo a ese señor que no se podía meter y que en todo caso eso lo hubiera aclarado con el módulo al que le había tocado y en el que no lo habían atendido y que lo sentía pero tenía que tomar otro turno. Total, después de aclarada esa situación, Don Epi tomó asiento y después de escuchar por unos cinco minutos a la señorita sobre el cargo de conciencia que tenía por no haber pasado al señor que tenía un turno con el número anterior, Don Epi pudo explicar el motivo de su visita... al escucharlo, la señorita abrió su sistema casi operativo (Don Epi se percató que la pantalla parecía de un sistema operativo "Dos", ni siquiera "windows"), y tomó una serie de datos sobre el domicilio que ha tenido y sobre el domicilio al que hará su cambio.

Al ingresar los datos, la señorita le dijo a Don Epi que en el domicilio donde todavía se encontraba tenía contratado el servicio de internet, a lo cual Don Epi contestó en sentido afirmativo, y luego la señorita le informó que para hacer el cambio de la línea tenía que dar de baja ese servicio de internet; al escuchar eso, Don Epi expresó que estaba bien, y que en todo caso haría la reconexión de internet posteriormente en su nuevo domicilio, pero, la señorita le dijo que en el nuevo domicilio no hay servicio de internet... "¿cómo que no hay servicio de internet?, y entonces los vecinos de la zona ¿por qué tienen internet, y por qué en la caja de teléfonos en la esquina aparece un anuncio en fondo azul que hace mención de internet?", -cuestionó asombrado Don Epi-, a lo que la señorita le dijo que lo que pasaba es que no tenían suficientes líneas para dar el servicio de internet. Don Epi no entiende totalmente los aspectos técnicos, pero, si se supone que todo es cosa de conectarse a una computadora central (servidor del servicio) y dicen que ya no hay suficientes "lineas", entonces es de suponer que esa computadora ya no tiene la suficiente capacidad para soportar las necesidades del servicio que tanto anuncia la compañía telefónica; ante ello, la señorita de la empresa telefónica en cuestión aceptó que el equipo se está poniendo obsoleto, y en un tono de molestia y bastante sarcástico en su contenido le dijo a Don Epi que lo que podía hacer para resolver su problema es que se cambiara a un domicilio donde hubiera el servicio de internet... por supuesto, a Don Epi no le agradó esa contestación, y procedió a soltar una letanía sobre lo que pensaba de ese servicio que le hacía sentir que estaba en una oficina de gobierno, y lamentó mucho que esa empresa hubiera sido protegida desde Salinas hasta el actual para que pudiera funcionar como un verdadero monopolio que le estaba dando a su principal accionista y dueño la posibilidad de aparecer en el número uno de las listas Forbes, y expresó que todo eso pasa precisamente porque no tienen un verdadero y real competidor gracias al apoyo gubernamental.

Finalmente, Don Epi le dijo a la señorita que por lo menos hiciera el cambio de línea y ya lo demás lo solucionaría como fuera posible; luego, preguntó en cuánto tiempo le harían el cambio de línea y la señorita simplemente expresó "de dos a cuatro semanas"... horrorizado Don Epi dijo "¿y mientras de dos a cuatro semanas me tengo que quedar sin teléfono?"... y la señorita simplemente se concretó a expresar que esa era el tiempo que la empresa telefónica tiene para la reinstalación del servicio en el nuevo domicilio (algo así como "si le gusta tómelo y si no simplemente déjelo"). Al salir del lugar, Don Epi escuchó en las noticias que el señor Slim había dado una conferencia "magistral" sobre el tema de la modernidad, expresando que una forma de enfrentar la crisis actual es que los negocios busquen fortalecer su propia tecnología... Don Epi simplemente se rió al escuchar la noticia, y luego pensó: y también no estaría de más tener uno o dos amigos en el gobierno que se encargaran de brindar el apoyo estructural para sobrevivir como un monopolio.

Al respecto, ya más tarde reflexionando sobre todo lo ocurrido, Don Epi, que tiene un negocio de reparación de refrigeradores, pensó sobre qué pasaría si su negocio fuera el único en todo el país, y todo aquél que tuviera un refrigerador tuviera que acudir con él para reparar su refrigerador... quizás no estaría en los primeros lugares de las listas Forbes, pero, seguramente sí sería un millonario más en éste país, pero no, Don Epi tiene que enfrentar una crisis que no generó y a dos competidores en la zona... y además enterarse de las conferencias "magistrales" de un señor que no tiene la menor idea de lo que está pasando en su empresa principal, y quizás no le interese mientras no tenga un verdadero y real competidor... el dìa que esa empresa telefónica tenga un competidor a su altura, entonces ya veremos cómo se preocupan por la calidad del servicio a los usuarios, por mejorar su capacidad tecnológica y lo más importante por ajustar a niveles adecuados el precio de sus servicios.

Saludos,

Autor del relato: Raymundo Royo

Cualquir semejanza con la realidad, es simplemente eso... una realidad.

EL DE LA CAUSA HABLANDO DEL EFECTO

El días pasados el Señor Carlos Slim apareció en una conferencia en la cual virtió una serie de comentarios que fueron magnificados por los comunicadores del sistema al observar que se contradecían con las declaraciones kafkianas del señor Felipe Calderón.

Las palabras del señor Slim, conocido empresario de nacimiento en México, mostraron un panorama difícil para la economía mundial y en particular para la economía mexicana, ya que habló de despidos, aumento en los precios, disminución drástica del poder adquisitivo, etcétera; al respecto, podría decirse que indudablemente que las palabras del señor Slim tenían una gran parte de verdad sobre lo que se podía esperar en la economía del futuro, sin embargo toman una relevancia muy especial cuando vienen de un empresario que es considerado el más millonario del mundo, ya que más bien parecen un "baño en salud" por lo que posiblemente esté programando hacer en la gran cantidad de sus empresas.

Lo importante de éste asunto, no es si las palabras del señor Slim resultaron contradictorias con los discursos de optimismo kafkiano por parte del señor Calderón; tampoco resulta totalmente trascendente el discurso previendo hacer despidos masivos en sus empresas como para minimizar el efecto que puede representar una medida así, no, lo relevante en este caso es que uno de los causantes de los efectos de la crisis se encuentre declarando y criticando precisamente lo que por tantos años le ha dado de comer... a menos que eso sea una presión (negociación) hacia el gobierno con el objeto de obtener algún tipo de beneficio para alguno o algunos de sus negocios.

Como es ampliamente conocido, desde hace algunos años (desde la Madrid) en México se fue imponiendo una clase política tecnócrata en el poder público, que con el tiempo dieron vida pública al sistema que se conoce como Neoliberalismo... los que más tienen son protegidos del sistema con la eterna promesa eterna e incumplida en su amplia dimensión, que serán ellos los encargados de "distribuir riqueza" hacia los estratos intermedios, mientras a los que menos tienen (en lenguaje coloquial, los jodidos... que cada vez son más) se supone que el Gobierno les "distribuye" la riqueza. El señor Slim, precisamente surge al alto mundo empresarial con el apoyo del sistema regido en ese momento por el señor Salinas, quien le entrega como principal socio el mando de Teléfonos de México, con una enorme garantía de protección monopólica, que hace que ese millonario se convierta en un multimillonario al tener la combinación de dos factores: Uno, que es un empresario (no es improvisado), pero, además le entregan una empresa con la protección oficial que permite que no tenga competidor alguno (lo de empresas Maxcom y otras semejantes no es "competencia" para Telmex, ya que las líneas que precisamente manejan esas empresas provienen de servidores de Telmex), y con ello el señor ha ido comprando cuanta empresa puede... pero, ¿qué ha hecho por mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores que laboran en sus empresas, precisamente para cumplir con el cometido neoliberal de "distribución de riqueza"?... a partir de ese tipo de factores, sumados con los de muchísimas otras empresas de ese alto nivel (empresas Triple A), ante la voracidad de empresarios que lo único que notoriamente les interesa es generar el máximo de utilidades al mínimo costo, con el tiempo se llega a la situación de que el poder adquisitivo de la población se va deteriorando, y por ende llega un momento que la sociedad entra en una espiral de "crisis".

El señor Slim podrá hablar, (aunque contradiga el discurso del señor Calderón), pero, lo cierto es que él es uno de los copartícipes del origen de la crisis que vive la nación, y precisamente por ello resulta ocioso, y dadas las condiciones hasta sarcástico, que el señor ponga a la vista un panorama fatalista para el país... lo ideal es que el señor hubiera anunciado el esfuerzo por apretarse sólo unos milímetros su abultadísimo cinturón a cambio de apoyar la economía nacional (esa que le ayudó en otros momentos a convertirse en el primer multimillonario del mundo).

Saludos,

Raymundo Royo

¿INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS EN MATERIA FISCAL?

Por: Raymundo Royo

En ocasiones, o muchas de las veces, empresarios y contribuyentes en general se hacen éste tipo de planteamientos:

"Encima de que tengo que pagar más impuestos, que alguien me diga ¿por qué para contribuir correctamente tengo que pasar por aspectos como los que a continuación se expresan?:

¿Por qué tengo que hacer mis comprobantes fiscales con un impresor que autorice el SAT y no con un impresor de mi predilección que me cobre menos que sí se encuentre registrado, aunque no esté autorizado como impresor oficial por el SAT?

¿Por qué tienen que caducar los comprobantes que imprima?

¿Quién me paga a mí el costo de los comprobantes "caducos" que están en buen estado, pero, que ya no pueden ser utilizados?

¿Quién me pagará el costo extra del Contador que ya se incrementó debido a que hay que llevar más controles fiscales y presentar más declaraciones informativas?

¿Quién me pagará el costo del servicio de internet que tuve que contratar para poder enviar información al SAT?

¿Quién me pagará el costo de los Bancos por el servicio de pagos electrónicos que tuve que contratar para poder efectuar el entero de las contribuciones, ya que los señores del SAT no me permiten el pago directo en ventanilla?

¿Quién me pagará el costo del desgaste del automovil, de la gasolina, del estacionamiento y de mi valioso tiempo cuando tengo que acudir directamente a la oficina del SAT por no poder dar una carta-poder a otra persona para que vaya por mí y le puedan dar atención en mi nombre y representación?

¿Quién me pagará la disminución que he tenido en mis ventas debido al encarecimiento de los productos que se venden al público en general por la creciente carga fiscal a los sectores medios de la población?

¿Quién me pagará el costo por dictaminar estados financieros, y que encima si sale alguna observación la autoridad me venga a requerir por ello?

¿Qué no se supone que mi obligación constitucional es sólo contribuir para los gastos públicos... y nada más?"

Los anteriores son sólo algunos de los planteamientos que cualquier empresario medio puede formularse ante el creciente número de obligaciones y restricciones en materia fiscal... y es que a mayores obligaciones y controles las empresas se ven en la necesidad de tener mayores costos administrativos que indudablemente repercuten en los precios de los bienes y servicios que se venden a la población en general.

Y no sólo puede hablarse de costos administrativos que se anexan en los precios de los bienes y servicios, sino que también debe tomarse en cuenta que si un contribuyente no se sujeta (o debe decirse más propiamente "no se somete") a tales controles, simplemente queda expuesto a la imposición de alguna sanción por parte de la autoridad, y en muchos otros casos incluso se le expone a lo que considero una terrible violación constitucional al negársele la aplicación de deducciones, traduciéndose ello en una mayor carga tributaria para quien se encuentre en tal situación.

¿Y por qué se habla de "violación constitucional?... Para entender lo nque se viene mencionando y las repercusiones a las que se ve expuesto el gobernado, tomemos por ejemplo el pago de salarios en una empresa respecto del Impuesto Sobre la Renta (y no hablemos de este tipo de pago para efectos de Impuesto Empresarial a Tasa Única, porque terminamos llorando más); normalmente, éste concepto es deducible ya que se trata de un pago efectuado al personal subordinado de la empresa, encargado de desarrollar las labores relacionadas con el giro de la empresa. Sin embargo, la autoridad fiscal, mediante las herramientas que los legisladores se han encargado de permitirle, establece como una obligación que la empresa presente una declaración informativa de sueldos y salarios para que los pagos por concepto de sueldos puedan ser deducibles... para tal cumplimiento, es necesario que alguien haga la captura de cada uno de los datos contenidos en las nóminas que semanalmente se van haciendo, se obtengan los totales anuales, se hagan cálculos de cada uno de los sueldos pagados cuidando de no hacerlos para determinados trabajadores que presentan sus declaraciones aparte por estar así obligados a ello, llevar un compilado de las retenciones que de cada uno se fueron haciendo durante el año, comparar tales retenciones con los cálculos anuales efectuados, verificar si da saldo a cargo o a favor para que se aplique en nuevos pagos, llenar una declaración electrónica de sueldos y salarios que antes debe bajarse desde Internet (para bajar tal programa de captura, debe tenerse Internet, luego atinar cuál debe ser la opción de descarga que más pueda convenir, antes debe bajarse otro programa que se llama DIM y luego otro que le llaman DIMM, -o al revés, no estoy seguro-, saber de algún modo o preguntando a alguien que sepa de cómputo si se tiene un programa de nombre Java que ellos llaman "yava", si no se tiene entonces bajarlo, una vez que el programa está guardado, entonces instalarlo cruzando los dedos porque la instalación sea correcta y no aparezcan mensajes siniestros tales como alguno que más o menos dice: "se instalará un archivo menos actual que el que se tiene, ¿desea guardarlo de cualquier manera?", adivinar si se le dice que sí y no se vaya a perjudicar con ello a otros programas ya instalados en el equipo, luego, debe abrirse el programa y ver si correo o en su defecto verificar las razones y descubrir, -quizás-, que debe instalarse otro programa "controlador"... y si todo parece bien, entonces comenzar el tedio de pasar a la captura de dato por dato); luego, una vez capturados los datos de la declaración, entonces generar un archivo que deberá enviarse a la autoridad... Luego, entrar a Internet, tratar de entrar a un módulo de envío de declaraciones informativas que solicita algo que se llama "CIECF" que se supone quiere decir "Clave de Identificación Electrónica Fortalecida" (que si no se tiene, entonces debe tramitarse, y para ello la persona debe acudir "personalmente" al módulo más cercano del Servicio de Administración Tributaria con su credencial de elector y su Registro Federal de Contribuyentes para que les proporcione ahí una "clave" alfanumérica de ocho digitos y una dirección de correo electrónico), con su clave se le dará la entrada a un módulo de captura del archivo para envío de declaración que le solicitará que encuentre el condenado archivo que se puede encontrar por cualquier parte del disco duro... una vez que lo localiza lo manda, y si no tuvo interrupción del sistema eléctrico o del servicio de Internet, la autoridad le hará aparecer un mensaje de recepción de la declaración y deberá esperar todavía a que los señores se dignen recibirle la declaración... si se la reciben (confirmación de declaración), se puede decir que ya la hizo, y si no se la reciben, simplemente la tomarán como si usted nunca hubiera enviado nada y en tal caso estaría casi como en el principio, sólo que más cansado y preocupado. Si no presentó la famosa declaración, entonces la autoridad simplemente no le tomará en cuenta el pago de sueldos y salarios como un concepto deducible, lo que simplemente le está negando el cumplimiento proporcional y equitativo de sus contribuciones.

Ante todo ello, si el cumplimiento fiscal resulta excedente respecto de la obligación constitucional consignada en la fracción IV del artículo 31 Constitucional, entonces se le estarían provocando al gobernado daños y perjuicios que indudablemente considero que serían motivo de una indemnización que tendría que pagar la autoridad, tanto por los costos administrativos que se le originan al gobernado como por el excesivo impuesto que se le generaría al negársele el justo cumplimiento de contribuir de manera proporcional y equitativa.
Por otro lado, no olvidemos que la Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción IV del artículo 31 sólo obliga al gobernado a CONTRIBUIR para los gastos públicos (demanera proporcional y equitativa); y acorde con la doctrina jurisprudencial para que el individuo pueda cumplir con dicha obligación, en las leyes fiscales deben establecerse los elementos esenciales del tributo que son: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago; así como las características esenciales del tributo que corresponden a las conductas, situaciones y hechos que deben estar debidamente contempladas en las leyes fiscales... pero, nada más.
Es decir, el gobernado sólo tiene la obligación de CONTRIBUIR para los gastos públicos tomando las cantidades que sirvan para determinar la contribución de que se trate y efectuando el cálculo respectivo; todo lo demás, tales como las obligaciones que se pretenden respecto a declaraciones informativas, caducidad de comprobantes, que los comprobantes deban llevar una serie de datos específicos, etc., simplemente son obligaciones ACCESORIAS que no están contempladas en nuestra Carta Magna.

Respecto a la tarea de FISCALIZACIÓN, es una facultad que el legislador le otorga a la autoridad que en el sentido de que en todo momento podrá verificar los libros de registro contable en los términos de lo establecido en el artículo 16 Constitucional.
Por otro lado, al obligar al gobernado a que esté SOMETIÉNDOSE a controles accesorios a la obligación Constitucional, ¿cuál es el objetivo?... ¿presuponer que el gobernado es un defraudador a menos que demuestre que su información en materia fiscal es correcta gracias a un cruce armónico entre toda la información fiscal que debe generar?... Recordemos que al respecto existe un Pacto Internacional de PRESUNCIÓN DE INOCENCIA; por lo tanto, si el gobernado paga un peso de impuestos, corresponde a la autoridad CREER QUE EL PESO QUE PAGA EL GOBERNADO ES CORRECTO A MENOS QUE DEMUESTRE LO CONTRARIO.

Como vemos, al estar obligado el gobernado (contribuyente) a cumplir con una serie de obligaciones y restricciones contenidas en las leyes fiscales, -a beneplácito de la autoridad-, lo que pretende es que los gobernados acudan al confesionario fiscal, establezcan si han o no pecado, confiesen sus pecados, que comprueben el arrepentimiento de sus pecados y encima que el "pecador" le pague al confesor, al fabricante del confesionario y hasta el que barre el confesionario, haga penitencia con arrepentimiento de los pecados cometidos y se prepare para el próximo confesionario del mes.
Ya es necesario que la autoridad encuentre un justo medio que le haga ubicarse en una realidad económica difícil que impera en la mayoría de la población, y no creer que por tratarse de entes económicos como empresas, profesionistas, arrendadores, etcétera, éstos podrán pagar el costo que sea con tal de cumplir con sus obligaciones impuestas por los legisladores que en su gran mayoría sólo miden sus intereses políticos y su permanencia en el poder.

Saludos.